CUANDO EL PERONISMO PRIVATIZÓ YPF

Volver

El 24 de septiembre de 1992 el gobierno peronista del presidente Carlos Menem obtenía la aprobación del Congreso de la Nación para vender la empresa petrolera estatal. Poco después de las 21, luego de casi treinta horas de debate, la Cámara de Diputados sancionaba la ley 24.145. La sesión, en El PJ consiguió aprobar la privatización de YPF, nota del diario Clarín del 25 de septiembre de 1992.

“Con un estricto quórum, el oficialismo convirtió ayer en ley la privatización de YPF. Los peronistas festejaron eufóricos el triunfo en la Cámara de Diputados y los radicales se retiraron del recinto luego de participar en el debate. Esta privatización es la más grande de las encaradas por el menemismo. El Gobierno convenció a los legisladores de origen sindical para que se plegaran a la voluntad mayoritaria del bloque. Para ello, prometió atender una serie de reclamos del sector gremial.

Con 131 presentes, uno más que el quórum reglamentario, el oficialismo logró después de 30 horas de debate y con la ausencia del radicalismo -que se retiró del recinto en medio de un escándalo- la aprobación de !a ley de privatización de YPF sin modificar una coma de la sanción anterior del Senado.
Abrazos y aplausos sellaron la victoria menemista después de dos fracasos sucesivos, las semanas anteriores, por falta de quórum. Esto obligó al Gobierno a montar un juego de pinzas sobre los legisladores propios y aliados y a sentar en una mesa de negociación dos veces en 24 horas a los diputados de origen sindical. La gestión fue exitosa porque en su casi totalidad los gremialistas dieron el presente en el momento de votar.
El tablero marcó 114 opiniones a favor, diez en contra y una abstención. Seis votantes quedaron fuera del registro lumínico, pero estaban en sus bancas, según se explicó después.
Con la ley aprobada y todos los pasos listos para comenzar la venta de 70 activos, una sensación de alivio corrió por los despachos oficiales y por la espalda de Jorge Matzkin, presidente de la bancada justicialista y responsable político del complicado trámite parlamentario.
La ley abre las puertas a la privatización más grande de las encaradas por el gobierno de Carlos Menem y permite la venta de hasta el 70% de las acciones de la principal empresa del país por volumen de venta y exportación.
La aprobación de la ley, virtualmente exigida desde el Gobierno a los diputados peronistas, tuvo sus costados dramáticos. Como el que mostró a Julio Acevedo, misionero y justicialista, consiguiendo a duras penas mantenerse sentando en su banca. A pesar de su grave enfermedad decidió cumplir con el reclamo del Poder Ejecutivo y sumar número para que la ley saliera. Fue, una vez que el oficialismo ganó la votación, el legislador más aplaudido y abrazado por sus pares.
Menos emotiva fue la retirada de los radicales después de la intervención, brillante según la opinión unánime del mendocino Raúl Baglini. El juicio quedó confirmado con el silencio que reinaba en ese momento, un termómetro de respeto pocas veces usado en las dos sesiones por YPF.
Cuando los radicales se pararon enfilando hacia la puerta, los menemistas comenzaron a chiflar. ‘Se van antes de tiempo como en el 89’ vociferaron desde las filas oficialistas, recordando el momento más amargo del gobierno de Raúl Alfonsín. Ese fue el detonante. ‘¡Ladrones, pasen a llevarse ia valija ahora!’, ‘vendepatrias’ y la setentista calificación de ‘cipayos’ fue lo menos que replicaron los radicales, algunos rojos de ira como Leopoldo Moreau ó con ganas de irse a las manos como Juan Pablo Baylac.
Quedaron 93 sentados y arremetió con la carraspera que lo caracteriza Hugo Bordín (PJ-Mendoza) para desencajarse al grito de ‘¡caraduras!’. Los radicales ya no estaban y el tablero reclamaba más número para poder levantar las manos.
Desde atrás de las cortinas salieron los menemistas más remolones y el discurso de Bordín -con los agradecimientos del caso- duró hasta que la marcación dio 131.
Representantes de partidos provinciales como los bussistas de Fuerza Republicana; Jorge Bischof -en camisa y jean- de Tierra del Fuego; Alberto Natale de la democracia progresista y Francisco Duradona y Vedia de la UCeDé, quisieron plantear objeciones en el tratamiento en particular. Pero los peronistas los aplastaron con la mayoría y lograron su objetivo de máxima: aprobar la ley sin cambio alguno evitando así su retomo al Senado.
Borrado a último momento de la lista de oradores, Víctor Sodero Nievas (PJ-Río Negro) se quedó con las ganas de defender el proyecto alternativo presentado en común con Humberto Romero más Dante y Graciela Camaño. En el fragor de la discusión para que le permitieran hablar, solamente consiguió que se le desacomodara el flequillo y emprendió la retirada junto con sus compañeros.
Antes Ana Piccinini (UCR-Río Negro) despertó de la modorra a los pocos que seguían el debate vespertino con una amenaza a voz en cuello: ‘Cuando seamos gobierno en 1995 nuestro primer proyecto será derogar esta ley de privatización de YPF’.
A su turno Baglini sembró dudas sobre la transparencia del proceso de venta, la valuación de la compañía, el futuro de los precios, la monopolización del mercado y la carencia de un marco regulatorio.
José Estenssoro, el presidente de YPF, quien lució muy activo en el Salón de los Pasos Perdidos desde primera hora de la tarde, en ese momento no estaba entre el público para escuchar los pronósticos sombríos de la oposición.
Con la sanción del Congreso, se devuelve a las provincias el dominio de los yacimientos que no están concesionarios al sector privado o en planes de serlo y se saldan deudas pendientes por regalías. La enajenación contempla un ingreso de 2.600 millones de dólares -el equivalente al 31% de las acciones que puede vender el Estado- para las cajas de previsión social.
Ese dinero estará disponible a medida que se coloquen las acciones en las bolsas de comercio local e internacionales. En principio el Estado venderá un 20% (del 51% que poseerá) en el tercer trimestre del año próximo, la operación que marcará el precio de mercado de los papeles. En tres años más las provincias (tienen el 39%) y el Estado deberán desprenderse de por lo menos la mitad de sus respectivas participaciones.
La única restricción -introducida por los senadores- es que debe quedar un 20% del capital en manos estatales hasta que otra ley disponga lo contrario. Como los trabajadores tienen reservado un 10%, el tope formal de privatización es del 70%.
Claro que las acciones a repartir mediante el régimen de propiedad participada son pagas y se calcula que los diez mil trabajadores que sobrevivirán a la YPF redimensionada deberán abonar 80 mil dólares por cabeza para hacerse de ese 10%. Si no lo absorben, las acciones sobrantes engrosarán el paquete estatal.”

Una megaempresa (recuadro)

El valor de YPF se calcula en 8.000 millones de dólares.
Con la privatización de ENTel, el Estado obtuvo 5.000 millones de dólares, pero de esa cifra 400 millones fueron en efectivo y el resto en bonos de la deuda externa.
Con la venta de SEGBA se obtuvieron 1.172 millones de dólares que ascenderán a 2.200 millones cuando termine de colocar las acciones que aún mantiene en su poder.
La transferencia de Aerolíneas significó una recaudación de 260 millones de dólares en efectivo y 1.050 millones en papeles de la deuda externa.
Facturación anual: en el caso de YPF trepa a 4.100 millones de dólares. Las ventas de SEGBA alcanzan a 1.100 millones de dólares. Las de Aerolíneas Argentinas se calculan en 1.000 millones y las de las dos compañías telefónicas en casi 2.000 millones de dólares.
El Estado piensa recaudar en lo inmediato, por la venta de activos físicos de YPF, entre 600 y 800 millones de dólares. No todo será en efectivo: una mitad en cash y la otra en papeles de la deuda externa (menos en el caso de las dos áreas centrales de la Cuenca Noroeste, cuyos compradores tendrán que pagarla íntegramente en dinero contante y sonante).
Para el tercer trimestre de 1993, se espera colocar el 20% de las acciones de la empresa, por un valor aproximado de 1.600 millones de dólares.
Utilidades operativas: son positivas en 300 millones de dólares, según el balance de la compañía.
Exportación anual: 600 millones de dólares. En el ránking de compañías argentinas que más venden al exterior, YPF ocupa el primer puesto.
YPF paga de impuestos 2,6 millones de dólares al año.

La privatización de YPF

Notas relacionadas:
1/9/1989: A 20 años del comienzo de las privatizaciones
25/6/1990: Hace 20 años se privatizaban los teléfonos
13/7/1990: Hace dos décadas habilitaban la privatización de Aerolíneas