Aborto: la polémica

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El arzobispo de Santa Fe y nuevo titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), , cuestionó la despenalización del aborto y ratificó que la postura de la Iglesia Católica está definida “con solidez y respeto a la vida”, en una conferencia brindada en la sede provincial del arzobispado santafesino, el pasado lunes 14 de noviembre.

Por primera vez desde su elección como representante del clero católico, el sucesor del cardenal Jorge Bergoglio se refirió a la polémica suscitada con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo -antes de las 12 semanas de gestación- que, tras ser presentado por iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue recientemente tratado en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. “Lo que está dentro de la mujer embarazada no es una víscera, es un ser”, defendió su postura Arancedo, y dejó entrever su malestar con el manejo que le dio el Poder Legislativo al tema: “El Congreso Nacional estuvo un poco apurado en cuanto al proyecto del aborto, se buscaron legisladores para que firmen. Creemos que se debe sumar al diálogo a los académicos, a los científicos, a las organizaciones que estudian este tema. Hay que apostar por la cultura de la vida, no podemos aceptar la supresión de la vida”.

En definitiva, el debate en el recinto quedó suspendido hasta el año que viene, luego de la renovación parcial de las bancas en ambas cámaras legislativas, el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, el tema continuará dando que hablar a la opinión pública, con dos posturas antagónicas muy marcadas y definidas frente a cuestiones esenciales como el valor de la vida humana, la salud pública, la igualdad social y los derechos de las mujeres.

Por un lado, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una alianza federal -creada en mayo de 2005 e integrada por más de 300 organizaciones multisectoriales- que se encargó de promover el proyecto de ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la decimosegunda semana de gestación y, más allá de ese plazo, en caso de violación, graves malformaciones del feto, o riesgos para la vida y la salud de la mujer. Estela Díaz, integrante de este movimiento y coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo, afirmó: “No sólo la ilegalidad del aborto es ineficaz, sino que también produce una profunda discriminación social y sexual”. Además, manifestó que el derecho al aborto debe ser evaluado como un problema de salud pública, de justicia social, porque las mujeres que poseen recursos -y tienen la posibilidad de someterse a un aborto seguro- no ponen en riesgo su vida como sí lo hacen las personas de bajo poder adquisitivo que acuden a prácticas clandestinas generalmente precarias.

Bajo la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, la Campaña promueve diferenciar los conceptos “persona” y “persona por nacer”, distinción que las organizaciones que se manifiestan en contra de la despenalización del aborto no hacen, y también busca quebrar la equiparación que se aduce en algunos sectores entre “aborto” y “homicidio”. Díaz sostuvo que el acceso a la información sobre sexualidad y reproducción debe ser garantizado por un Estado democrático, y que la maternidad “no tiene que ser una obligación, tiene que ser una elección”, resaltando la importancia de que las mujeres sean respetadas en sus más íntimas decisiones. También destacó, en este aspecto: “La objeción de conciencia (como decisión de incumplir una norma jurídica por considerarla contraria a la ética o a la religión) es individual, nunca puede ser institucional”, y comparó la polémica en torno al aborto con la provocada en 2010 alrededor de la ley de matrimonio igualitario o, en 1987, la desatada por la sanción de la ley de divorcio vincular. Finalmente, aclaró que ni ella ni las organizaciones a las que pertenece se manifiestan a favor de la práctica del aborto, sino que su intención es que el debate se circunscriba a la igualdad de condiciones que debe existir entre las mujeres que pretendan interrumpir su embarazo.

Por su parte, entre las voces que recientemente se hicieron oír en contra del proyecto de despenalización del aborto legal, seguro y gratuito y a favor de la vida y la maternidad, se destacó la de Nicolás Laferriere, abogado, docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica Argentina (UCA), y director del Centro de Bioética, Persona y Familia, quien manifestó su rechazo a la iniciativa legislativa y enumeró diversos razonamientos que respaldaron su postura, en línea con los argumentos del Monseñor Arancedo. Entre ellos, dio fundamentos legales que justifican que la vida humana “comienza desde la concepción del embrión” y, por ende, la despenalización del aborto implicaría avalar la existencia del derecho a matar a una persona. A su vez, brindó datos estadísticos concretos que analizan la relación entre la mortalidad materna y la despenalización del aborto y destacó que, según informes de la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, UNICEF y The Lancet, los países que tienen una baja tasa de mortalidad materna son aquellos donde hay una fuerte política educacional integral, acceso a las facilidades de salud materna, atención médica del parto junto con una legislación que protege tanto a la madre como al niño por nacer, prohibiendo o restringiendo fuertemente el aborto inducido. Expuso el caso de Chile que, desde que penalizó el aborto en 1989, disminuyó en un 87,9% su índice de muertes maternas. “La opción debería ser más amplia en cuanto a la protección de los derechos: nuestra propuesta es salvar las dos vidas, la de la madre y la del bebé por nacer”, explicó Laferriere para concluir su línea de pensamiento.

Según datos del Ministerio de Salud, en la Argentina se registran 500 mil abortos al año y 80 mil mujeres requieren atención en hospitales públicos a raíz de intervenciones de carácter precario. A su vez, alrededor de 100 mujeres pierden la vida anualmente por falta de higiene y asepsia y se estima que los datos no son del todo exactos ya que –justamente- la clandestinidad de la práctica quirúrgica dificulta la precisión de la estadística. Mientras el debate en la opinión pública continúa, la Iglesia Católica intenta disuadir y las organizaciones no gubernamentales se manifiestan a favor y en contra, los casos de mujeres que pierden la vida al intentar interrumpir su embarazo parecen no tener fin.