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Las complicaciones por las prácticas clandestinas de aborto son la principal causa de las muertes maternas en Argentina, y en la actualidad, fallecen 55 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, lo que deja un total de 100 mujeres por año que no logran sobrevivir.

Estos cálculos registran una tasa de mortalidad en crecimiento, que además tuvo un aumento importante entre 2008 y 2009 por el impacto de la Gripe A -una infección respiratoria aguda y muy contagiosa proveniente de los cerdos, causada por alguno de los virus gripales de tipo A de esa especie- en las embarazadas, según un informe del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Las estadísticas publicadas en el sitio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito muestran que 3 mil mujeres han muerto a causa de abortos clandestinos e inseguros desde el inicio de la democracia (1983) y entre 460 mil y 600 mil mujeres se realizan cada año un aborto ilegal, de las cuales 78 mil terminan hospitalizadas por complicaciones post-aborto.

El debate por el proyecto que impulsa la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras doce semanas de gestación, que se presentó por primera vez el pasado 1 de noviembre en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, quedó programado para 2012 al suspenderse la reunión convocada el 10 de noviembre por falta de consenso en varias comisiones. La decisión fue tomada por el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, quien también confirmó que no se sumarán las comisiones de Acción Social y Salud ni de Familia, Mujer y Minoridad, que tienen competencia secundaria para discutir el tema. El proyecto es promovido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con el apoyo de 350 organizaciones dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos, 16 universidades y entidades internacionales, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).

“Un Estado democrático debe garantizar la política y el acceso a una práctica de salud como la interrupción del embarazo para que se pueda vivir en democracia, con seguridad y sin poner en riesgo la vida”, opinó la coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Estela Díaz, en una conferencia de prensa el pasado lunes 14 de noviembre para los alumnos de la escuela de periodismo TEA en el Paseo La Plaza, junto con el abogado y doctor de Ciencias Jurídicas, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Católica Argentina (UCA), y director del Centro de Bioética, Persona y Familia, Nicolás Laferriere.

Por otro lado, está la oposición, como el caso de la Iglesia Católica, que rechaza cualquier proyecto que tenga como objetivo la despenalización del aborto. El nuevo jefe de la Iglesia Argentina, monseñor José María Arancedo, el pasado lunes 14 de noviembre en la sede del arzobispado santafesino, afirmó: “El Congreso Nacional estuvo un poco apurado en cuanto al proyecto del aborto. Creemos que se debe sumar al diálogo a los académicos, a los científicos, a las organizaciones que estudian este tema. Hay que apostar por la cultura de la vida, no podemos aceptar la supresión de la vida”, y agregó que lo que está dentro de una mujer embarazada “no es una víscera, es un ser”.

Laferriere, quien también está en contra de la práctica del aborto, argumentó: “La decisión más dramática que puede haber sobre la vida de otra persona sería sobre la vida del niño por nacer, ya que se lo privaría del derecho a vivir. La mujer tiene derecho sobre su vida pero eso no involucra decidir quitarle la vida al niño que está concebido en su seno”. Sin embargo, Díaz, al defender su posición, aseguró que el embrión parece ser “el nuevo Dios” y que se termina haciendo un posicionamiento tan extremo de la defensa de la vida en gestación que “se deshumaniza a las mujeres que son las portadoras de esa vida y además quieren utilizar el derecho y la ciencia para volver a someter a las mujeres a un lugar de subordinación”.

Según los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal, el aborto en Argentina es ilegal y establece penas tanto para la mujer que se lo practica como para quien realiza el procedimiento. Respecto a los responsables de los abortos clandestinos, Díaz denunció: “Son médicos y médicas los que son parte también del circuito millonario de la clandestinidad del aborto (además de las mujeres que interrumpen el embarazo)”. Pero, a pesar de esta explicación, Laferriere sostuvo: “Debería haber un mecanismo más intenso de persecución de quienes se dedican a hacer abortos porque constituye una industria de muerte, por los niños que mata y por las madres que se mueren, y además se deben implementar políticas sobre la mujer, como servicios comunitarios o penas alternativas que ayuden a volver a valorar el sentido de la vida”.