Un encuentro con Estela Díaz, militante pro aborto

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“La ilegalidad del aborto es ineficaz porque no disuade a la mujer una vez que decide interrumpir un embarazo, y produce una profunda discriminación social y sexual”, dijo Estela Díaz, coordinadora del Centro de Estudios de Mujeres y Trabajo (CEMyT) y representante del proyecto que busca instaurar el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, en un debate del que también participó el abogado y director del Centro de Bioética, Persona y Familia, Nicolás Laferriere, el pasado lunes 14 de noviembre en el Paseo La Plaza.

“Si nosotros no tenemos un punto de partida seguro desde cuándo comienza la vida, los derechos humanos quedan sometidos a los vaivenes del poder, y es dramático decidir quién vive y quién no. La vida comienza desde el momento de la concepción”, explicó Laferriere desde el punto de vista jurídico, y alegó que el aborto libre, o permitido en el caso de malformaciones fetales, fomenta la discriminación porque los diagnósticos prenatales que indican características y enfermedades indeseadas que podrían portar los concebidos, como el síndrome de down, impulsan a los potenciales padres a realizar éstas prácticas.

De acuerdo a la legislación actual, en Argentina, las mujeres que se someten al procedimiento y aquellos que las asisten, reciben una pena de hasta cuatro años de prisión, exceptuando los casos en los que exista riesgo para la vida o la salud, violación o “atentado al pudor de una mujer idiota o demente”, según indica el Código Penal desde 1921. En el año 2006, un dictamen emitido por la procuradora bonaerense Carmen Falbo especificó, para este último punto, que quedarían eximidas de toda pena las mujeres que interrumpan un embarazo producto de un ataque a su integridad sexual o violación, tenga problemas mentales o no. El fallo, que sentó precedente y abrió el debate público, se dio en el marco de un caso particular, conocido como L.R., en el que una joven de 19 años con retraso madurativo había sido abusada por un familiar.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que busca instaurar la legalidad de la intervención hasta las 12 semanas de gestación, se comenzó a organizar en los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) de los años 2003 y 2004, y se lanzó por primera en mayo de 2005 en la provincia de Córdoba de la mano de la diputada Cecilia Merchán. Llegó como proyecto de ley al Congreso de la Nación por primera vez en 2007, y en abril de 2010 se volvió a presentar bajo el lema “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, garantiza desde 2006 la provisión libre y gratuita de preservativos, anticonceptivos inyectables y orales y el Dispositivo Intra Uterino (DIU) en hospitales públicos y centros de salud primaria. Además, permite el acceso a dos sistemas de anticoncepción de emergencia para las mujeres que se acerquen a solicitarlo: el método de Yuzpe, que consiste en una preparación con anticonceptivos comunes con dosis más alta de hormonas, y el Levonorgestrel, conocido popularmente como la pastilla del día después. Díaz señaló la medida como “un gran avance”, y aseguró que desde el inicio de la campaña y por la importancia dada al caso L.R., muchas más mujeres se atreven a consultar a profesionales y acercarse a centros de salud para conseguir e informarse respecto de métodos anticonceptivos.

Sin embargo, no fue hasta el pasado martes 2 de noviembre que 14 legisladores debatieron de manera formal la legalización del aborto en la Comisión de Legislación Penal a cargo de Juan Carlos Vega, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR), y dictaminaron continuar el argumento junto con las comisiones secundarias de Familia y Salud. A pesar de que el tratamiento del proyecto se frenó por un error en el recuento de votos, lo que evitó que se lo enviara a la Cámara Baja, la diputada bonaerense Victoria Donda, del Frente Amplio Progresista (FAP), que se pronunció a favor de la legalización en más de una oportunidad, opinó: “Fue una jornada histórica, porque nunca antes se había discutido el tema a nivel parlamentario”.

“Para la Campaña, el derecho al aborto es un grave problema de salud pública, entendemos que es una razón de justicia social, y una razón de derechos humanos”, dijo Díaz, y explicó que el Ministerio de Salud estima que se practican en este país entre 400 y 500 mil abortos anuales, a los que sólo las mujeres con recursos acceden de manera segura, mientras que aquellas pertenecientes a sectores pobres se ven obligadas a recurrir a lugares en los que la intervención pone en riesgo sus vidas.

“Una mujer embarazada no es una mujer enferma, el embarazo es un estado de salud. La vida es siempre un bien y debería existir una política pública que acompañe a la mujer, con un mecanismo más intenso de persecución contra quienes pretendan practicar un aborto y penas alternativas para que las mujeres puedan volver a valorar la vida”, apuntó Laferriere como propuesta opcional a la presentada
por la Campaña.

En respuesta, Díaz replicó: “La maternidad no es un dato biológico, debe ser una elección. Cuando hablamos de derechos lo enmarcamos en un Estado laico que permita vivir en pluralidad de condiciones, sin llevar el valor vida del embrión a términos absolutos, porque eso le hace muy poco favor a la democracia, los derechos y las diferencias de posición y opinión”, y recalcó que la condena moral, basada en dictámenes religiosos, pasa por el hecho de disfrutar del sexo sin incluir el objetivo de la reproducción, lo que vulnera la cualidad sexual de los seres humanos.

Lucía Frank Langer 1er año(tea)